Carta abierta a las inscritas y los inscritos de Podemos
Del 135 al 155 o la contrarrevolución por arriba del bloque monárquico
España
vive una crisis de régimen que tiene al menos tres dimensiones: la
social (el empobrecimiento continuo de las clases populares, así como el
deterioro del nivel de vida y las expectativas de los sectores medios);
la institucional (la corrupción y el patrimonialismo de Estado del
Partido Popular no es la excepción sino su regla de gobierno); y la
territorial, sobre la que tratan estas consideraciones.
La
crisis de régimen que vive nuestra patria la reconocen incluso las
élites (políticas, económicas, mediáticas) que dirigieron el régimen del
78 y que mantienen una parte de su poder. La figura política más
importante de nuestra historia política reciente, Felipe González, lo
reconocía sin ambages en la recepción real del 12 de Octubre: «Soy un
orgulloso representante del régimen del 78». Aquella recepción fue la
imagen de una conjura monárquica para superar, mediante una restauración
conservadora y centralista, la crisis española.
Pero
lo que se mostró en aquella fiesta real (que no tuvieron a bien
suspender tras la muerte de un trabajador de las Fuerzas Armadas que
participó en el desfile) no fue un grupo cohesionado, coherente y capaz
de diseñar una política de Estado exitosa.
Aunque
en la foto del 12 de Octubre había mucho poder (político, militar,
económico, etcétera), no había —ni de lejos— tanto como el que
atesoraban las élites hace cuarenta años y, desde luego, allí había
mucho menos talento de Estado.
Tras
el discurso que pronunció Felipe VI el 4 de octubre, el bloque
cohesionado de partidos, medios de comunicación y grandes empresas tiene
enormes dificultades para llevar a cabo sus objetivos. El mismo hecho
de que se les vea y se les perciba como «bloque» les debilita. Un
proyecto de régimen que se precie necesita un Gobierno, pero también una
oposición creíble como tal. Pero la oposición no fue a Palacio.
El
acuerdo entre el PSOE y el PP que conllevó la reforma del artículo 135
de la Constitución española, y que supuso la subordinación del interés
social a los intereses de los acreedores bancarios, representó la
ruptura del pacto social en nuestro país. Hoy, el nuevo acuerdo entre el
PP, el PSOE y la nueva extrema derecha que representa Ciudadanos
implica de facto la ruptura del pacto territorial. El espíritu del 155
como política de vulneración de derechos y libertades democráticas no
tiene por qué quedarse en Catalunya. De hecho, dirigentes del PP ya han
amenazado con aplicar algo parecido en Euskadi y en Castilla-La Mancha
(en esta región el PSOE gobierna con nosotros).
El bloque afín a la monarquía apenas maneja un errático proyecto de restauración que se sustenta en los siguientes pilares:
- Mantener al PP al frente del Gobierno todo el tiempo que sea necesario.
-
Suspender el autogobierno en Catalunya, al tomar el control de todos
los resortes institucionales catalanes —incluidos los medios de
comunicación públicos— para convocar después elecciones en Catalunya (y
probablemente volver a perderlas).
-
Mantener a Unidos Podemos y a las confluencias lejos del Gobierno del
Estado, aun a costa de sacrificar la posibilidad de que el PSOE vuelva a
encabezar un gobierno en España.
El
bloque monárquico tiene a su disposición todos los recursos coactivos
para desarrollar su proyecto, pero carece —a diferencia de lo que
ocurrió hace cuarenta años— de la capacidad política integradora
imprescindible para que España sea viable como realidad política y
territorial a medio y largo plazo.
1) Por qué estamos en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución
La
suspensión del autogobierno de Catalunya no solo hará saltar por los
aires uno de los pactos cruciales de la Transición (la reinstauración de
una institución republicana como la Generalitat, reconocida por la
Constitución de 1978, fue la base del amplio apoyo social al texto
constitucional en Catalunya), sino que es un ataque a los fundamentos
mismos de la democracia española.
El
diálogo sin condiciones que reclama la mayoría de la sociedad catalana y
de la sociedad española (como señalan varias encuestas) es incompatible
con una situación de administración colonial de Catalunya.
Que Rajoy y sus ministros se vayan a convertir de facto en president y Govern
de la Generalitat (cuando el PP no alcanzó el 8,5% de los votos en las
últimas elecciones celebradas en Catalunya) es simplemente un
despropósito y una enorme torpeza política.
El nuevo Govern,
con Rajoy, Zoido y Montoro a la cabeza, estará controlado solamente por
el Senado, el cual está dominado por el PP con mayoría absoluta,
gracias a una ley electoral antidemocrática y absurda.
El
virrey Rajoy querrá administrar Catalunya y se encontrará resistencias
que solo podrá afrontar con represión y más encarcelamientos.
Tarde
o temprano tendrá que convocar elecciones y todo parece indicar que los
partidos que apoyan el virreinato no mejorarán significativamente sus
últimos resultados electorales.
2) Por qué estamos en contra de una declaración de independencia
El problema de una declaración de independencia no es tanto su ilegalidad (o su unilateralidad) como su ilegitimidad.
Las
fuerzas políticas partidarias de la independencia obtuvieron el 47,8%
de los votos (es decir, algo más de un tercio del censo electoral) en
las elecciones de septiembre de 2015. Ese resultado, muy superior al del
bloque monárquico (C’s-PSC-PP) y al nuestro, les da todo el derecho a
gobernar Catalunya, pero no a declarar la independencia.
La
movilización política del pasado 1 de octubre por parte de los
partidarios del derecho a decidir fue imponente y épica, dadas las
condiciones en las que se desarrolló. Es un hecho destacado que más de
dos millones de ciudadanos catalanes expresaran su voluntad política.
Pero, aun aceptando los datos ofrecidos por la Generalitat, es evidente
que aquella movilización no reunió las condiciones y garantías de un
referéndum que permita determinar la relación jurídica de Catalunya con
el resto del Estado.
El
1 de octubre no se produjo solo una exhibición del poder de
movilización del soberanismo, sino también la expresión de una voluntad
mayoritaria de la sociedad catalana de decidir su futuro en las urnas y
un ejemplo de movilización pacífica frente a la represión ordenada por
el Gobierno. Ningún responsable político puede ignorar esto.
Pero, del mismo modo, no puede tampoco aceptarse que esa gran movilización social justifique la independencia de Catalunya.
3) Por qué defendemos un referéndum pactado
Un
referéndum legal y pactado, además de ser una solución democrática, es
la única solución que puede asegurar que Catalunya siga formando parte
de España.
La incapacidad de dirección de Estado del bloque felipista
se revela en su obcecación en no discutir la posibilidad de llevar a
cabo un referéndum legal y con garantías. La clave del éxito de la
Transición en relación con Catalunya fue pactar el autogobierno que, de
hecho, condicionó el conjunto del modelo territorial de España. Hoy, la
vía del 155 en Catalunya (que bien podría transformarse en la vía del
116 si el Gobierno se encuentra con resistencias ciudadanas) puede
condicionar también una ofensiva reaccionaria en el conjunto del Estado.
Cuando el PP forzó que el Tribunal Constitucional (TC) hiciera saltar por los aires el Estatut
(aprobado en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y por el
pueblo catalán en referéndum), también hizo saltar por los aires buena
parte de las bases del pacto territorial que había hecho viable España
como un Estado que integraba una territorialidad plurinacional compleja.
Las
decisiones políticas tienen consecuencias. Puede afirmarse que si el PP
hubiera respetado la voluntad popular de Catalunya, como hizo con la
voluntad popular de Andalucía (algunos de los artículos del Estatut
que el TC declaró inconstitucionales son idénticos a los artículos
vigentes en otros Estatutos de Autonomía), hoy no sería necesario hacer
un referéndum en Catalunya. Y, del mismo modo, como consecuencia de la
decisión del PP y sus magistrados afines en el TC, hoy debemos afirmar
que la celebración de un referéndum en Catalunya es imprescindible.
Numerosos
constitucionalistas sostienen que realizar un referéndum es compatible
con la Constitución y la ley; pero, si no fuera así, debemos asumir que
en democracia las leyes deben adaptarse a las necesidades democráticas.
Andalucía se ganó su derecho a ser reconocida como nacionalidad gracias a
una movilización social masiva y al resultado de un referéndum que, sin
embargo, no permitía con arreglo a la ley dar curso a la voluntad del
pueblo andaluz. Y entonces los partidos cambiaron la ley para adaptarla a
la decisión de la gente.
En
cualquier caso, el referéndum no debería limitarse a dos opciones. La
opción más deseada en Catalunya (según las encuestas) sería un nuevo
encaje constitucional que reconociera a Catalunya como nación y
profundizara su autogobierno.
Pensamos
que la ciudadanía catalana tiene derecho a elegir también esta opción,
al margen de las otras dos opciones: la independentista y la
continuista.
4) El proyecto del bloque monárquico: España antes rota que con Unidos Podemos en el Gobierno
Desde
el surgimiento de Podemos y su desarrollo junto a fuerzas políticas
hermanas con las que confluimos y compartimos proyecto, las élites han
movilizado todo su arsenal para evitar que pudiéramos formar parte del
Gobierno del Estado.
Trataron
de forzar el entendimiento entre PP, PSOE y C’s presionando incluso a
Mariano Rajoy para que renunciara como candidato a la presidencia del
Gobierno para facilitar así una gran coalición a tres. Rajoy resistió y
el intento ulterior fue favorecer un Gobierno con un programa neoliberal
acordado entre PSOE y C’s, siempre y cuando Podemos no participara en
dicho Gobierno.
Las
élites se opusieron con todas sus fuerzas a la posibilidad de
entendimiento del PSOE con nosotros y las fuerzas políticas catalanas y
vascas.
El
propio Pedro Sánchez, horas después de ser obligado a dimitir como
Secretario General del PSOE en 2016, reconoció en una entrevista con
Jordi Évole que fue presionado, entre otros por César Alierta, así como
por los jefes del diario El País y por la vieja guardia de su partido, para que no formase un Gobierno con nosotros.
Las
élites saben que solo un Gobierno de coalición con Unidos Podemos
hubiera podido pactar una salida democrática al problema catalán, pero
nuestra presencia en el Gobierno habría implicado también cambios en el
Estado que hubieran amenazado sus privilegios y a un entramado corrupto
que, sin controlar el Estado, habría quedado expuesto a una acción de la
Justicia sin interferencias por parte del poder político.
Antes que poner en riesgo sus privilegios y su impunidad, las élites decidieron arriesgar la integridad territorial de España.
5) La dirección del PSOE ha renunciado a encabezar un Gobierno
Tras
fracasar en el intento de forzar la implosión interna de Podemos, los
poderes oligárquicos fracasaron también en su intento de devolver al
PSOE a su normalidad histórica.
La
victoria de las bases del PSOE contra el aparato de su partido y contra
los principales poderes mediáticos del país se basó en tres pilares:
plurinacionalidad, mayor cercanía a Podemos y una oposición real al PP
en la que no se descartaba la moción de censura.
Al
arrojar por la borda las tres claves de su victoria, el nuevo
Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, no solamente ha colocado al
PSC en una posición imposible y ha debilitado a los sectores de su
partido que le hicieron ganar, sino que ha vuelto a empoderar a sus
adversarios internos, que nunca lo aceptarán como a uno de los suyos.
Mil veces nos contaron el fin de los asesinos de Viriato y mil veces la
historia se repite.
La
victoria de Pedro Sánchez despertó una ola de ilusión en España, tanto
en los votantes socialistas como en los nuestros, que veían en esa
victoria de las bases un horizonte de Gobierno conjunto y la posibilidad
de llevar a cabo avances sociales históricos y de resolver
democráticamente el conflicto catalán. Apoyando al PP y apuntalando el
bloque felipista, el PSOE ha renunciado a liderar un Gobierno de cambio en el Estado.
6) España será plurinacional o no será
El
problema histórico de los monárquicos es que jamás entendieron España, a
la que solo supieron dominar y someter. Nunca fueron capaces, salvo
cuando la presión democrática les obligó, de utilizar el Estado para
hacer de nuestra riqueza plurinacional un proyecto patriótico.
Las experiencias monárquicas de Estado durante los siglos XIX y XX configuraron una visión estrecha, uninacional
y autoritaria de la realidad española. Para los partidarios de la
monarquía, asociar la palabra «nación» en el territorio del Estado a
algo diferente a España era algo inaceptable. Por ello, siempre
identifican el Estado con la monarquía. Y España es mucho más que la
monarquía y, además, está llamada a sobrevivir a ella.
Uno
de los primeros elementos de ruptura con el franquismo durante la
Transición fue la restauración de la Generalitat, con el retorno del president
Tarradellas antes de que España se dotase de la actual Constitución.
Con ello se reconocía que Catalunya se organizaba según un orden
político propio, que es lo que en estos días se está rompiendo. Eso
también fue evidente en Euskadi, donde no se reconoció la Constitución
hasta que se garantizó la actualización de sus fueros. Las
nacionalidades históricas se reconocen, precisamente, en el hecho de
poseer instituciones propias que no derivan de la Constitución de 1978.
A partir de 1982, el modelo de Estado de las autonomías funcionó gracias a la estabilidad brindada por los grandes partidos nacionalistas
catalán (CiU) y vasco (PNV). Sin embargo, en los últimos diez años, al
tiempo que la crisis económica debilitó el proyecto de la Unión Europea,
la estabilidad del régimen del 78 se rompió por dos flancos: el que
abrió el 15M y el que abrió el proceso soberanista en Catalunya tras la
sentencia del TC sobre el Estatut.
España
y Catalunya afrontan hoy la realidad de su historia, de sus relaciones y
de la carencia de una solución democrática pactada.
Para
nosotros y nosotras, la solución es celebrar un referéndum legal y
pactado que presente como opción una relación libre entre pueblos, para
repartir de forma adecuada los beneficios y las cargas de pertenecer a
un único Estado.
7) Tenemos un proyecto social y soberano para Catalunya y España
No se puede entender España desde la homogeneidad, sino desde la heterogeneidad y la fraternidad.
Me
enorgullece como demócrata que Catalunya haya sido siempre una pieza
crucial del cambio político en España y me indigna como español que la
estrategia negacionista hacia el problema catalán por parte de las
élites centrales pretenda impedir que Catalunya ayude a la formación de
una nueva España.
No
aceptamos el chantaje que busca considerar a los progresistas catalanes
como apestados, para impedir así que formen una alianza con las fuerzas
progresistas españolas y, si nuestra opción triunfa en el referéndum,
les seguiremos emplazando a construir España y Catalunya con nosotros.
Hoy
la crisis en Catalunya requiere pensar fórmulas, federales o
confederales, para afrontar la plurinacionalidad de España como vínculo
emocional y afectivo basado en el reconocimiento de las plurales
tradiciones de sus pueblos.
La
aplicación del 155 no es una iniciativa aislada. Forma parte de una
estrategia autoritaria de recentralización, que amenaza la viabilidad de
los Estatutos de Autonomía y que impide que los pueblos se doten de las
herramientas adecuadas para garantizar su existencia histórica, tanto
en el campo económico, fiscal, hacendístico, cultural, lingüístico como
en el de reconocimiento internacional.
Es
necesario defender España asumiendo el derecho del pueblo catalán a
decidir su futuro en un referéndum y, a partir de ahí, discutir en
Catalunya y en España un modelo de Estado plurinacional que no solo
reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una
configuración estatal que acepte de una vez la realidad plurinacional de
nuestra patria y construya un proyecto de país asociado a la justicia
social y a la soberanía popular.
España
cuenta con una reserva democrática de valor incalculable, un espíritu
republicano que debe dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del
siglo XX para acompañar el impulso constituyente que inició el 15M.
El espíritu constituyente del 15M debe impulsar la nueva España a la que aspiramos; social, republicana y plurinacional.
Con un abrazo fraternal y afectuoso,
Pablo Iglesias
Secretario General de Podemos
No hay comentarios:
Publicar un comentario